La Ley de Competencia de Guatemala
Autor: Lic. Franklin Roberto Valdez Cruz
La Ley de Competencia rige en casi todos los países del mundo, lo que hace evidente su importancia en la regulación de la producción e intercambio de las mercancías, existiendo esta normativa en todas las naciones de Latinoamérica, en donde hasta antes del 20 de noviembre del año recién pasado, únicamente en Guatemala y en Cuba no existía, lo cual se explica porque en nuestro país, las fuerzas oligárquicas reaccionarias se han opuesto férreamente a perder sus históricos privilegios de enriquecimiento sin límites, en tanto que en la República de Cuba, su estructura económica es diametralmente opuesta a la de los países capitalistas, imperando como forma dominante la propiedad del Estado sobre los medios de producción, lo que hace innecesaria una ley de esta naturaleza, pues el poder del Estado guiado por el pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista en la forma de centralismo democrático, no permite que existan élites burguesas que impongan sus intereses racionalmente irracionales de concentración y centralización del capital, como es habitual en el capitalismo neoliberal, que se nos ha infligido desde hace cuarenta años, aunque en Cuba existe la ley de protección contra las prácticas desleales en materia de propiedad industrial.
Para el caso centroamericano, la primera normativa de competencia data desde hace más de treinta años, cuando se aprobó en Costa Rica la Ley 7472, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor el 20 de diciembre de 1994, en tanto que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá aprobaron sus respectivas leyes de competencia en la primera década del siglo XXI.
En lo que respecta a Guatemala, desde 1990 es parte integrante de diferentes Acuerdos, Convenios y Tratados comerciales internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que contienen preceptos especiales en materia de competencia, en donde la mayoría de los compromisos asumidos por este país en estos acuerdos, constituyen disposiciones programáticas, y por tanto el país está comprometido a llevar a cabo acciones para asumir sus responsabilidades en materia de política de competencia. Entre los acuerdos más relevantes que tratan esta materia de la libre competencia, puede mencionarse el Protocolo al Tratado General de Integración Centroamericana, que, en su artículo 25, contiene una disposición que prescribe que los Estados miembros tienen que adoptar disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas, debiéndose promover la libre competencia; en tanto que, en el convenio marco para el establecimiento de una Unión Aduanera entre los países de la república de El Salvador y la República de Guatemala, se estipula que los Estados contratantes se comprometen a regular el comercio de servicios, al igual que las inversiones, lo cual evitaría prácticas desleales y con intereses por encima de la libre competencia, adoptando posiciones comunes en las negociaciones con terceros países. En la declaración de Panamá del 12 de julio de 1997, se acordó el fortalecimiento de la competencia en el área comercial.
