Autora: Laura Paola Batres Jiménez, auxiliar de investigación científica II
El pasado 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral -TSE- al ser la máxima autoridad en materia electoral hizo la convocatoria para elecciones generales. De esta forma, habilitó la inscripción de candidatos a la presidencia, alcaldes y diputados al Congreso de la República y Parlamento Centroamericano hasta el mes de marzo.
Asimismo, estas elecciones son cruciales para la débil democracia guatemalteca y que se celebran en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en donde las instituciones encargadas de supervisar las elecciones carecen de independencia y credibilidad. Así como, los funcionarios han debilitado los pesos y contrapesos institucionales en un intento de evitar la rendición de cuentas por la corrupción en las más altas esferas del gobierno (Méndez, Pappier, Cifuentes, & Ragozzino, 2023). Por ejemplo, esto se observa con los actuales legisladores que ocupan una curul y se han visto involucrados en diversos escándalos, al igual que a otras instituciones públicas creando una grave crisis para la democracia.
En Guatemala, los partidos políticos tienen un papel fundamental en la organización y participación ciudadana en el proceso electoral. Actualmente, existen varios partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, pero la mayoría de ellos han enfrentado críticas y cuestionamientos por corrupción, falta de transparencia y debilidad institucional.
