Guatemala La privatización del sector eléctrico en un Estado colonial
Autor: Dr. Jorge Murga Armas
Introducción
Si es cierto que en Guatemala la experiencia de construcción de represas e hidroeléctricas no es nueva,2 y si es verdad que la privatización del sector eléctrico guatemalteco se inicia en el contexto del Consenso de Washington,3 también es verdad que con la salida pública del Plan Puebla Panamá (PPP)4 y la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA),5 comienza otro momento de la historia de la generación de energía eléctrica en Guatemala: se retoma la idea de utilizar el caudal de los ríos para la construcción de hidroeléctricas y se impulsan entre otros proyectos de generación de electricidad los que integran la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética del Proyecto Mesoamérica antes llamado Puebla Panamá.6 Pero esos proyectos, lo veremos enseguida, favorecen nuevamente al gran capital nacional y transnacional.
Los diversos momentos de la privatización Las primeras noticias del proceso de privatización del sector eléctrico deben buscarse en los años ochenta, porque fue en esa década que tanto el CACIF7 como el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) presentaron las primeras propuestas e hicieron los primeros intentos. En 1984, recordemos, dirigentes empresariales encabezados por Manuel Ayau Cordón empezaron a presionar para que el Estado se deshiciese de las empresas públicas de telecomunicaciones y electricidad. Pocos años después, recordémoslo también, la administración Cerezo adheriría a la idea promovida por el Banco Mundial (BM) de “desmonopolizar las empresas públicas”, pero el poder del sindicato del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) no se lo permitió.
Fue, en verdad, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) que comenzó la desnacionalización del sector eléctrico guatemalteco. En este período, en efecto, tanto la Cámara Empresarial (CAEM) como el CACIF realizaron sendos estudios sobre la privatización de las empresas del Estado. Mientras la primera proponía la privatización de 32 empresas, el segundo daba a conocer su “Libro Amarillo” en que esbozaba la política económica y social deseable para el nuevo gobierno y enfatizaba en las reformas al sector eléctrico. El interés por la privatización de las empresas públicas era tal, que el CACIF llegó a conformar una comisión del sector privado para redactar su proyecto de Ley General de Privatización.
