LAS TRAMAS DE LA “ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS”
Autor: Jorge Victor Murga Armas
Mientras que la crisis actual del capitalismo llevó a las potencias mundiales a poner un alto a la aplicación salvaje de las recetas del modelo económico y político neoliberal, en Guatemala, los grandes empresarios organizados en el CACIF2, no obstante la miseria de buena parte del pueblo, continúan impulsando leyes, proyectos y programas que favorecen la consolidación del neoliberalismo puro y duro propio del Consenso de Washington de los años noventa. La aprobación por una aplastante mayoría de diputados del decreto 16-2010 Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura3, el martes 13 de abril de 2010, es el ejemplo más reciente.
Pero, ¿qué está en juego con ese proyecto?
I. Decreto 16-2010 Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura
El decreto 16-2010 Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura, que el pleno del Congreso de la República aprobó recientemente, tiene como fin primordial hacer realidad el sueño de los saqueadores de nuestra patria: contar con un marco legal que facilite la realización de los contratos de concesión de los grandes proyectos de infraestructura, los “megaproyectos”, que promueve el Plan Mesoamérica —antes llamado Plan Puebla Panamá (PPP)— para garantizar, entre otras cosas, la existencia de la infraestructura de transporte necesaria —carreteras, infraestructura de ferrocarriles, portuaria y aérea, red eléctrica y de telecomunicaciones— para la realización de los grandes negocios del gran capital nacional y transnacional.
De hecho, los planes y proyectos imperialistas facilitados por las “alianzas público-privadas” convertirán a Guatemala en una especie de aparcamiento de los contenedores que trasladarán mercaderías de un punto a otro del Continente, y a los obreros y campesinos guatemaltecos en una especie de trabajadores de temporada, ¡sin derechos laborales!, puesto que los congresistas que defienden los intereses de la oligarquía nacional y transnacional buscan eliminarlos con la aprobación de la iniciativa de Ley 3416 sobre el trabajo a tiempo parcial o de flexibilización laboral.
