¿Qué está en juego en las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos?
Autor: Dr. Jorge Murga Armas
Introducción
La Ley Electoral y de Partidos Políticos siempre ha estado en el centro del interés nacional: varios procesos, a veces largos, de discusión de la ley, varias iniciativas de reforma muy diversas, en fin, siete reformas de la ley desde su promulgación hace 39 años son prueba de ello. Pero ninguna reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha dado lugar a tantas propuestas alternativas que la desvirtúen o impliquen contrarreformas como la de 2016. Hoy, justo cuando se desarrolla el segundo proceso de discusiones y propuestas convocado por el Tribunal Supremo Electoral para elaborar y presentar una nueva propuesta de reforma a la ley en el marco de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, es válido preguntarse qué está en juego en las reformas a la ley después de la reforma de 2016.
1. Creación del TSE, reformas e iniciativas de reforma de la LEPP
Creado en 1983 durante la dictadura militar encabezada en ese entonces por el general Efraín Ríos Montt, el Tribunal Supremo Electoral, según el gobierno de facto, tenía como objetivo específico la realización de elecciones libres y transparentes con miras a establecer un régimen democrático. Para ello, en 1985 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, que redactaría y aprobaría la Constitución Política de la República y, mediante el Decreto 1-85, crearía la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que rige al organismo electoral.
Desde entonces, la LEPP ha sido modificada en varias ocasiones y el TSE ha evolucionado en consecuencia. En efecto, entre 1987 y 1990 se modificaron ligeramente algunos artículos relacionados con la integración del órgano electoral, su presupuesto, su función fiscalizadora y algunos artículos que, según el primer Pleno de magistrados del TSE, adolecían de inconstitucionalidades (CICIG, agosto 2019, p. 7). Luego, entre 2004 y 2006, como resultado del trabajo de la Comisión de Reformas Electorales creada por el acuerdo de paz sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral firmado en 1996, cuyo objetivo fue “afianzar el proceso democrático, la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional de las autoridades electorales, la libertad de organización de los partidos políticos y optimizar la parte operativa de los procesos electorales”, se reformaron “artículos relacionados con los derechos y deberes ciudadanos; estructura, derechos, financiamiento y funcionamiento de las organizaciones políticas; el régimen sancionatorio; el proceso electoral y la propaganda electoral”; así como, entre otros, “la integración, las atribuciones y el funcionamiento del TSE” (p. 7).
