El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta a sus lectores la revista Economía 196 correspondiente al trimestre abril-junio del año 2013.
Contenido
Impactos ambientales y sociales de los agronegocios en Guatemala (Primera Parte)
Dr. Jorge Murga Armas
Introducción
Mientras que en 1995 los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se disponían a firmar el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”, Álvaro Arzú Irigoyen, entonces candidato a la Presidencia de la república para el período 1996-2000, preparaba el lanzamiento de una ambiciosa cruzada por la inversión petrolera y minera en el país.
Esta campaña, que para las transnacionales significaba reglas de juego que les asegurasen las más altas ganancias al menor riesgo posible, implicaba principalmente poner fin a la guerra interna y reformar la legislación minera que, aunque blanda, no satisfacía las codiciosas expectativas de las multimillonarias empresas que buscaban afincarse en el territorio nacional. En realidad, las condiciones para la llegada a Guatemala de las transnacionales de la minería y el petróleo estaban dadas: el largo y espinoso camino de las negociaciones por la paz estaba a punto de concluirse y las reformas a la ley de minería pasarían casi inadvertidas ante la euforia que provocaba entre muchos sectores la “implementación de los Acuerdos de Paz”.
Algunas consideraciones acerca del anteproyecto de ley de desarrollo rural integral y su impacto en el medio ambiente en Guatemala
Lic. Axel Ely Ruch Molina
INTRODUCCIÓN
Es evidente que Guatemala es un país con una población pobre por efecto de una desigual distribución de la riqueza que causa la propiedad en pocas personas de los medios de producción con los cuales los trabajadores crean esa riqueza. Esa situación se vuelve más dramática debido a que el Estado no es capaz de redistribuir eficazmente el producto social adquirido a través de la tributación por medio de los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda y otros, lo que desemboca en un abanico de problemas sociales como la violencia generalizada, prostitución, latrocinio, trata de personas, drogadicción, discriminación, exclusión social, abuso de autoridad, desnutrición, hambre y la lista continúa, hasta el punto que se puede hablar de una sociedad en descomposición y escindida en donde una gran mayoría desposeída sufre las más inhumanas consecuencias evidenciadas en sus niveles precarios de vida, frente a un selecto y minoritario grupo que, también es víctima de las condiciones de una vida ostentosa, goza una abundante de riqueza, poder y otras ventajas que, sobre los demás grupos sociales del país, le “impone” el sistema económico, social y político vigente.
Los científicos sociales a la orden de la oligarquía nacional definen la situación sufrida por las clases populares como la gestión de un estado fallido, que no ha tenido la capacidad de suministrar a una gran masa de la población las oportunidades para proveerse de los bienes necesarios que le garanticen primero sobrevivir y, luego, acceder a una vida digna; a lo que se puede contraponer que el estado, en Guatemala, ha venido cumpliendo su función de manera eficaz para defender los intereses2 de la clase que detenta el poder, y no se le puede acusar de haber fallado en su cometido, de lo cual la historia es testigo fiel, como se puede desprender de los informes de prensa y de variados ensayos de prominentes intelectuales del país y extranjeros, que denuncian la forma de actuar del estado cuando aquellas clases desposeídas reclaman derechos ante la otra “clase”, o defienden conquistas sociales, no concedidos o amenazadas.
Situación del comercio en Guatemala en la relación comercial con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la República Popular China
Dra. Thelma Cifuentes de Ramírez
I.- ANTECEDENTES:
Inicialmente los países del Caribe estaban organizados como una Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) y en 1972 decidieron transformar dicha Asociación, para establecer la Comunidad del Caribe (CARICOM), en la cual el Mercado Común sería una parte integrante, fue así como en 1973 se firmó el Tratado de CHAGUARRAMAS en Trinidad y Tobago, que ampara la constitución de la CARICOM y que contiene entre sus propósitos convertir el mercado Común de dicha región , en un Mercado Único, en el que se de libre movimiento a los Factores de Producción; considerando por supuesto incluir aspectos de la Cooperación Funcional y la Coordinación de Políticas frente a Terceros Países.
La CARICOM agrupa a casi todos los pequeños países del Caribe, siendo estos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. También incluye a algunos miembros asociados entre los que se encuentran Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas e Islas Vírgenes Británicas.
La gerencia social y el monitoreo y evaluación de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES
MSc. Herlem Isol Reyes López
I. INTRODUCCIÓN
Elevar los niveles de desarrollo humano de una sociedad a partir de la gestión de políticas y programas sociales, demanda el cumplimiento de un marco de gobernabilidad democrática como elemento indispensable para la actuación y legitimación de los Estados. En donde la gobernabilidad se conciba como la interacción de instituciones y organizaciones públicas que proporcionen una nueva forma de intervención, y como eje articulador, la participación democrática de los distintos actores, para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, la organización y la toma de decisiones.
La búsqueda de la gobernabilidad no es tarea fácil, para la Organización de Estados Americanos (OEA), dicho concepto estriba en el nivel de madurez alcanzado por una sociedad, y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones y el arte de gobernar correctamente. Para joan Prats (2001), la gobernabilidad democrática, es evitar la regresión al autoritarismo que condiciona las correlaciones de poder y la eficacia y eficiencia de la acción pública, en tanto aparato institucional. Sostiene que “las decisiones y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produce conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia”, con la connotación que la democracia se visualiza como un objetivo propio del desarrollo.
