Carácter colonial del modelo económico imperante en Guatemala
Autor: Dr. Jorge Murga Armas
El modelo de acumulación capitalista centrado en la explotación de los recursos naturales, los agronegocios y la construcción de megaproyectos de infraestructura, ha tenido ya serias consecuencias para la nación: desalojo de pobladores, destrucción del medio ambiente, desarticulación de sociedades campesinas, resurgimiento y agudización de conflictos sociales, violación de derechos de comunidades y pueblos indígenas, entre otros.
Ese modelo, no obstante sus impactos ambientales y sociales,2 ha sido promovido e incluso defendido por los gobiernos de turno. De Álvaro Arzú (1996-2000) a Otto Pérez Molina (de 2012 a la fecha), en efecto, la continuidad en la aprobación de numerosas licencias de explotación minera y petrolera, la política gubernamental favorable a la expansión incontrolada de cultivos de caña de azúcar y palma africana y la construcción de represas e hidroeléctricas en diversos puntos del país,4 confirman tal afirmación. Esto puede verificarse fácilmente si revisamos la historia económica reciente.
El proyecto de la burguesía
Después de la firma de la paz, la cual causó muchas expectativas sobre la democratización de la tierra, el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz permitió hacer el balance de los múltiples elementos que conforman la estructura agraria: tenencia de la tierra y uso de los recursos naturales, sistemas y mecanismos de crédito, procesamiento y comercialización, legislación agraria y seguridad jurídica, relaciones laborales, asistencia técnica y capacitación, sostenibilidad de los recursos naturales y organización de la población rural. De manera concluyente, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria declaraba que “la transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.
