El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta a sus lectores la Revista Economía No. 188, correspondiente al trimestre abril-junio 2011.
Contenido
El auge de la Industria Minera en un modelo económico en crisis y la importancia de las luchas campesinas en defensa del territorio.
Lic. Carlos Morales López
La historia de América Latina integra la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena, nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neo colonial, el oro se trasforma en figura, en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano, que con sacrificio, lo crea.
Eduardo Galeano.
Según registros del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM, 2004), la extracción minera en el país es una actividad que se ha realizado desde la Civilización Maya2. Pero, es con la llegada de los españoles que ésta se dedica a la extracción de oro y plata. Los conflictos posteriores a la independencia de Guatemala (1821) desencadenaron un descenso en la actividad minera, básicamente por conflictos entre los movimientos independentistas. Actividad que toma auge 50 años después con la Reforma Liberal de 1871, la apertura de los mercados internacionales y la respectiva variación de precios. La historia demuestra como después de la época colonial hasta la época moderna se han otorgado licencias de explotación minera en distintas zonas del país. Estas exploraciones y explotaciones se incrementaron con la crisis del modelo capitalista que encontró en varios de los países latinoamericanos gobiernos corruptos, legislaciones laxas, débiles controles ambientales e inversiones de capital bajas en comparación con procesos industriales más desarrollados en otras latitudes. Además de la necesidad de países como Guatemala, por incrementar sus ingresos, las fuentes de empleo y el aporte del “desarrollo de la industria minera” en el PIB del país. Aspectos que se enfocaron fuertemente en la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) y descuidaron entre otros el tema ambiental, la salud y la gestión del riesgo. Para el caso de Guatemala esta actividad se encuentra normada en el decreto 48-97, aprobado en el período presidencial de Álvaro Arzú, vigente aún.
Análisis de las políticas agrarias de la Contrarrevolución de 1954 a la transición “democrática” iniciada en 1986.
Dr. Jorge Murga Armas
Introducción
Bajo el manto de la “lucha anticomunista”, la implantación en 1954 del régimen militar de Carlos Castillo Armas (1954-1957) tuvo dos objetivos principales: poner en marcha una política agraria antirreformista para que los terratenientes recuperasen las tierras expropiadas por el Decreto 900 de 19522 —por ende regresar a la situación agraria anterior a la reforma de Arbenz—; e instaurar un sistema represivo para desmantelar a las organizaciones obreras y campesinas nacidas durante el período democrático.
Una de las primeras medidas tomadas por la administración Castillo Armas fue la supresión de las leyes agrarias dictadas por los gobiernos democráticos precedentes (Ley de Arrendamiento Forzoso y Ley de Reforma Agraria)3 y la restitución a los antiguos propietarios, especialmente a la transnacional norteamericana United Fruit Company, UFCO, de la casi totalidad de las tierras expropiadas4. Al mismo tiempo, las organizaciones campesinas fueron el blanco de una campaña represiva que se tradujo en el encarcelamiento, el exilio o la muerte de la mayor parte de dirigentes del movimiento agrario, se expulsó por la fuerza a los beneficiarios de la reforma y se disolvieron además todas las cooperativas.
Comportamiento del Comercio en Guatemala a partir de la Suscripción del Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA.
Dra. Thelma Cifuentes de Ramírez
I. ANTECEDENTES.
A partir del 2001 se hicieron los primeros intentos por iniciar un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, en la época del Gobierno de George Bush, quien comunicó al Congreso Norteamericano la intención de iniciar negociaciones comerciales con los cinco países Centroamericanos y fue así como en enero del 2002 Estados Unidos tomó el punto de partida con las primeras negociaciones, en marzo de ese mismo año los presidentes del Istmo se reunieron con el de Estados Unidos para un período de acercamiento. En agosto del 2002 el Congreso y el Senado de los Estados Unidos aprobaron la autoridad de Promoción comercial, con la cual se faculta al Organismo Ejecutivo de ese país a agilizar las negociaciones comerciales y en enero del 2003 se lanzaron oficialmente dichas negociaciones, fijándose la fecha de finalización, estructura y cronograma que rigió el proceso.
La etapa de negociaciones se llevó a cabo para Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, durante el 2003, las cuales finalizaron el 17 de diciembre del mismo año; mientras Costa Rica prolongó sus negociaciones al 25 de enero del 2004.
Análisis de los Acuerdos de Basilea III a la luz de Basilea I y II.
Lic. Axel Ely Ruch Molina
P.C. Andrely Maelí Cisneros Flores
El 12 de septiembre de 2010, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) a través del Grupo de Gobernadores y Jefes del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea1, anunció un sustancial fortalecimiento de los actuales requerimientos de capital y aprobó sin reservas las reformas sobre el capital, junto con la introducción de una norma de liquidez internacional, conocido como Basilea III, que se insertarán en el plan de reformas del sistema financiero mundial.
Los acuerdos de Basilea se crearon con la intención de fortalecer las instituciones financieras, dadas la expansión y crecimiento que desde la segunda mitad de la década de los años cuarenta del siglo pasado comportó esa actividad. Por el volumen de recursos financieros manejados, desde el año 1974, los principales dirigentes de los bancos centrales europeos del (G10)2 vieron la necesidad de impulsar medidas de supervisión bancaria a nivel internacional con el fin de mejorar la colaboración entre las autoridades de supervisión bancaria transfronteriza, esas medidas fueron asentadas en el Acuerdo de Basilea I que a continuación se describe.
