El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta a sus lectores la Revista Economía No. 202, correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2014.
Contenido
La Minería Metálica de Oro y Plata en Guatemala, y Desarrollo Sostenible: Una Situación en Conflicto
Lic. MSc. Edgar Arturo Marroquín López
Introducción.
Desde la década de los noventa y con más énfasis en los últimos años, diversos sectores del país relacionados con las inversiones mineras, y el mismo gobierno, vienen presentando a la minería, especialmente de metales preciosos, como una actividad necesaria para el desarrollo del país y especialmente de las comunidades rurales donde se explotan dichos recursos. Los beneficios que por su importancia relativa se enfocan principalmente a los ingresos aportados al país y a las municipalidades locales, agrandan su imagen con expresiones como “si no fuera de otra forma, no se obtuvieran”, “de no explotarse dichos recursos, los ingresos no se tendrían”, “el país y las comunidades están necesitadas de más ingresos”, “si no se explotan (los recursos), se frena el desarrollo del país”, etc. Aunado a esto, últimamente se viene escuchando trilladamente en los medios de comunicación social que “la actividad minera genera desarrollo sostenible”.
En la línea de estos enfoques y opiniones no se menciona, ni por insinuación, los costos o impactos al país de la obtención de esos ingresos y otros beneficios. Por su naturaleza intrínseca la minería de metales preciosos, oro y plata especialmente, o a cielo abierto, es socialmente conflictiva por sus impactos reales y potenciales al medio ambiente, sistemas ecológicos y la perturbación a las costumbres, identidad, valores, tradiciones y cosmovisión de las comunidades donde se realizan dichas actividades extractivas. A esto hay que agregar el incumplimiento pleno a los derechos de los pueblos indígenas en materia de las consultas comunitarias, previas a la realización de cualquier actividad de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras y que afecten los intereses de las comunidades afectadas (Convenio 169 de OIT).
Colonización de tierras y creación del territorio denominado “Franja Transversal de Norte”
Dr. Jorge Víctor Murga
Introducción
Después del derrocamiento de Jacobo Arbenz (1951-1954), los “liberacionistas” apoyados por el Departamento de Estado debían revertir los logros obtenidos por el gobierno revolucionario en materia agraria. Esto exigía anular el Decreto 900, Ley de reforma agraria, pero también planteaba la necesidad de buscar una salida al problema de la fuerte presión campesina por la tierra. Con ese fin, la Junta de Gobierno presidida por Carlos Castillo Armas aprobó en 1954 el Decreto 31, Estatuto Agrario, que condena la reforma agraria y anuncia “una intensa colonización del territorio nacional”. Este hecho, que marcó el inicio formal de la contrarreforma, fue seguido de la aprobación de otras leyes que favorecían la creación de la estructura institucional necesaria para impulsar programas de colonización, tanto en la costa sur como en el Petén y la faja territorial colindante con este departamento y las fronteras de Belice, Honduras y México.
A continuación veremos cómo esas iniciativas desembocan en la creación del territorio denominado Franja Transversal del Norte (FTN).
Iniciativas para promover el Desarrollo Local en Guatemala y la incidencia de las Oficinas Municipales de la Mujer -OMM-
Licda. Herlem Isol Reyes López
I. INTRODUCCIÓN.
En el contexto de la modernización del Estado, la descentralización se concibe como el nuevo paradigma para hacer frente a los principales retos del desarrollo. Su implementación involucra el traslado de manera progresiva y regulada de la titularidad de competencias, funciones y recursos financieros desde el Organismo Ejecutivo hacia las municipalidades, promoviendo el fortalecimiento institucional, en tanto un ente público moderno, subsidiario y gerencial, capaz de transformar permanentemente su accionar para cumplir con los fines y deberes propios del Estado.
En el proceso de descentralización, el traslado del poder de decisión política, económica y administrativa que prevalece, va ligado al ejercicio participativo de los gobiernos y grupos sociales a nivel local, de cara a los retos y desafíos que enfrentan, en tanto una mayor cercanía e incidencia en los asuntos de interés público que les aquejan, en el camino y construcción de su propio desarrollo. No obstante, es posible pensar en un verdadero desarrollo, cuando todos los seres humanos, mujeres y hombres tienen los mismos derechos y opciones para incidir en la vida pública, tomando en cuenta que existen determinantes del desarrollo económico, político y social que impactan de manera distinta y más significativa a ciertos grupos sociales, como es el caso de las mujeres.
