Evolución de la situación financiera del gobierno central Período 1996 – 2011
Autora: Mara Luz Polanco Sagastume
1. La situación fiscal y el sector privado organizado: historia y tendencias
La posición de Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y otros actores sociales ligados a las élites económicas en contra del incremento de los impuestos y del gasto público no ha tenido variaciones significativas en los últimos 15 años, pero su disposición a la negociación y las propuestas de reforma fiscal han sido congruentes con las afinidades que les relacionan con quienes asumen la conducción del gobierno. En ese lapso, los gobiernos de Álvaro Arzú Irigoyen y Oscar Berger Perdomo, representantes de los intereses de las elites económicas, pudieron implementar, con algunas dificultades, medidas fiscales que les permitieron elevar los ingresos tributarios, adquirir deuda pública y financiar sus presupuestos sin la oposición del sector privado organizado. El gobierno de Álvaro Arzú implementó una política fiscal basada en la venta de las empresas del Estado y en una reforma tributaria centrada en el aumento de los impuestos indirectos, la creación del Impuesto de Solidaridad, Extraordinario y Temporal (ISET), el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), un proceso de reducción arancelaria y medidas orientadas al mejoramiento de la administración tributaria, entre estas, la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El gobierno de Arzú también fue favorecido por el incremento al inicio de su gobierno, de la tasa del IVA de 7 a 10%.
Como ha ocurrido históricamente, el sector privado organizado en el CACIF, mostró durante el gobierno de Álvaro Arzú su rechazo a los impuestos directos, como el ISET, el cual fue aceptado por el sector privado tras una negociación en la cual el gobierno dispuso reducir la tasa del ISR de 30 a 25%, así como una amnistía de 80% sobre los adeudos de los contribuyentes al fisco. Para alcanzar acuerdos sobre distintas problemáticas el gobierno estableció luego los llamados Encuentros de Actualización en los que participaron representantes de los partidos políticos, el CACIF y otras organizaciones sociales, y en los que se definió una agenda que incluyó la discusión de la privatización de las empresas del Estado, demandada insistentemente el sector privado organizado y contemplada en el programa de gobierno de Arzú.
Posteriormente, el CACIF también se manifestó, junto a los partidos de oposición y distintos sectores de la sociedad civil, en contra del Decreto 122-97, Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, aprobado por los diputados del partido gobernante, cuyas disposiciones contemplaban un reavalúo de las propiedades y tasas fijas que afectaban a grandes terratenientes y pequeños propietarios2. Sin embargo, fueron los diputados de la Bancada Independiente y Rigoberta Menchú quienes interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra el IUSI, acción que junto a las protestas populares y del empresariado organizado llevadas a cabo en los primeros meses de 19983, obligaron a Álvaro Arzú a derogar el Decreto y restituir la legislación anterior, eliminando de ésta el artículo 36 que establecía que el pago del impuesto atrasado durante varios trimestres podría saldarse con la entrega al Estado de uno o varios bienes inmuebles.
